Joe Biden, comenzó su trabajo firmando una serie de decretos o acciones ejecutivas...
Un juez federal en Texas ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que no haga cumplir la orden ejecutiva que emitió el presidente Joe Biden en su primer día de gobierno que consistió en suspender las deportaciones durante 100 días a partir del viernes 22 de enero para aquellos inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos antes de noviembre sin papeles.
El republicano Ken Paxton quien es el fiscal general de Texas fue quien presentó la demanda contra la medida adoptada por el gobierno de Joe Biden al considerar que actúa de forma arbitraria, viola la Constitución de Estados Unidos, el derecho administrativo y el derecho federal respecto a migración así como un acuerdo entre Texas y el Departamento de Seguridad Nacional firmado en los últimos días del mandado del presidente Donald Trump que exige que la agencia consulte al estado antes de cambiar o modificar las políticas.
Tras conocer la decisión del juez el republicano Ken Paxton escribió en sus redes sociales “VICTORIA. Texas es el PRIMER estado de la nación en entablar una demanda contra el administrador de Biden. Y GANAMOS”.
Por su parte La Casa Blanca respondió con un comunicado en el que asegura que "el presidente Biden sigue comprometido a tomar medidas inmediatas para reformar nuestro sistema de inmigración, con el fin de garantizar que este defienda los valores estadounidenses y mantenga seguras a nuestras comunidades".
“Tenemos confianza en que, mientras el caso avanza, quedará claro que esta medida es completamente apropiada para ordenar una pausa temporal que permita a la agencia revisar cuidadosamente sus políticas, procedimientos y prioridades, a la vez que permita un mayor enfoque en las amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional".
La orden de restricción es temporal y permanecerá vigente durante los próximos 14 días mientras el juez Drew B. Tipton considera una moción más amplia para una orden judicial preliminar, Se espera que la Administración Biden apele el fallo, mientras ambas partes presentan nuevos argumentos sobre el asunto.
Con estas medidas queda claro que la decisión final sobre la deportación de alguien en Estados Unidos recae en el poder ejecutivo.
