Es necesario poner fin a la detención migratoria
Por: Katie Shepherd www.immigrationimpact.com
La detención de inmigrantes era peligrosa antes de que el presidente Trump asumiera el cargo hace cuatro años. Sus políticas, junto con una pandemia mundial mortal, solo han agravado la situación.
La detención de inmigrantes se ha expandido en la última década, impulsada en gran parte por las grandes empresas de prisiones privadas como CoreCivic y GEO Group. La única motivación de estas empresas es maximizar sus márgenes de beneficio, no preocuparse por los que están bajo la custodia del gobierno americano.
Durante años, los grupos de derechos de los inmigrantes han documentado las condiciones deplorables en estas instalaciones y han abogado por una mejor atención médica. Abogados, expertos médicos y organizadores han acumulado montañas de evidencia que revelan la oscura realidad de la detención de inmigrantes, plagada de coerción, abuso físico y violaciones del debido proceso.
La pandemia ha dejado al descubierto la necesidad crítica de cambio más que nunca.
La necesidad crítica de alternativas a la detención
El alto costo de la detención de inmigrantes y la necesidad de alternativas significativas se hizo evidente durante la pandemia de COVID-19. Han surgido innumerables historias de acceso limitado a atención médica, equipo de protección personal y suministros de limpieza.
Como era de esperar, el número de muertos en las instalaciones de ICE es más alto de lo que ha sido en 15 años.
Un informe reciente proporciona una descripción general de cómo se han utilizado alternativas significativas a la detención (ATD) en otros países durante la pandemia para reducir los problemas de salud pública.
Por ejemplo, en España, ocho centros de detención fueron vaciados la primera semana de mayo. Algunas personas fueron puestas en libertad para vivir con familiares o amigos. Otros fueron enviados a centros administrados por organizaciones de la sociedad civil donde se brindaban servicios de gestión de casos. En Bélgica, las autoridades liberaron aproximadamente a la mitad de su población detenida.
El informe sostiene que estos países pueden servir de modelo sobre cómo expandir el uso de alternativas a la detención en otros lugares.
La población general de inmigrantes detenidos en los Estados Unidos disminuyó en los primeros meses de la pandemia, de más de 55,000 en agosto de 2019 a alrededor de 19,000 en octubre de 2020. Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) tardó en proporcionar información sobre el número de detenidos que habían sido examinados, además del número de personas que habían muerto bajo su custodia tras dar positivo.
Las organizaciones comunitarias ya están proporcionando alternativas efectivas y humanas
Existe una alternativa mejor, más segura y menos costosa. Los líderes del Congreso deberían invertir más en servicios de gestión de casos basados en la comunidad y menos en la detención de ICE.
Cuando las personas no están detenidas, están en mejores condiciones de encontrar asesoramiento legal, recopilar pruebas para respaldar su caso de inmigración y recibir apoyo emocional y financiero de su familia. Los proveedores de servicios comunitarios sin fines de lucro y las organizaciones civiles de todo el país ya brindan servicios legales, médicos, de vivienda y de transporte a los inmigrantes.
Por ejemplo, desde mayo de 2015 hasta octubre de 2015, los Servicios Luteranos de Inmigración y Refugiados (LIRS) operó un programa piloto de Alternativas de colocación familiar que brindaba servicios de gestión de casos a inmigrantes que incluían vivienda para familias y acceso a servicios legales.
LIRS también ejecutó una Iniciativa de Apoyo Comunitario desde enero de 2012 hasta diciembre de 2015 que examinó a las personas vulnerables bajo custodia de ICE para su liberación. Las personas que fueron liberadas a través del programa tuvieron una tasa de comparecencia del 97% en la corte de inmigración.
Las alternativas a la detención no deben ser administradas por empresas penitenciarias privadas
Actualmente, ICE opera un programa ATD llamado "Programa de Supervisión Intensiva de Apariencia III" o "ISAP III".
Según ICE , al 12 de septiembre de 2020, hay 85,857 hombres, mujeres y niños inscritos en ISAP III. La duración media del programa es de 801 días.
Aunque el programa ATD del gobierno cuesta mucho menos que la detención y muestra altas tasas de cumplimiento con los controles y audiencias de inmigración, el programa ISAP III se queda corto en aspectos críticos.
Los servicios de administración de casos deben ser proporcionados por organizaciones sin fines de lucro experimentadas y confiables en la comunidad, no empresas privadas cuyo resultado final es aumentar los márgenes de ganancia.
Actualmente, ICE tiene contratos con BI, Inc., una subsidiaria de GEO Group, para operar ISAP III. Según un informe, los participantes de ISAP son "monitoreados y vigilados directamente por oficiales de deportación de ICE o por especialistas en casos de contratistas que trabajan bajo la dirección de ICE".
Los grupos de defensa sostienen que es más probable que los participantes en programas alternativos a la detención cumplan con los requisitos gubernamentales, como los controles de ICE y las audiencias programadas, si confían en las organizaciones que brindan los servicios de gestión.
El impacto catastrófico de la detención de inmigrantes en la salud, el bienestar y la capacidad de una persona para acceder de manera significativa al proceso legal ha sido bien documentado. En cambio, el gobierno debería confiar en la amplia red de organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios médicos, legales y de otro tipo a los inmigrantes.
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