La deportación masiva de inmigrantes de los Estados Unidos bajo el programa Comunidades Seguras no ha tenido un impacto apreciable en las tasas de criminalidad locales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los inmigrantes deportados no tienen antecedentes penales graves.
Esa es la conclusión simple pero poderosa de un estudio reciente de la Universidad de California, Davis. El estudio examina la relación entre las deportaciones y las tasas de criminalidad en las localidades que implementaron Comunidades Seguras en algún momento desde su inicio en 2008. El programa se expandió para abarcar todo el país en 2013, fue suspendido por la administración de Obama en 2014 y fue reincorporado por La administración Trump en 2017.
Secure Communities fue lanzado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a los inmigrantes en las cárceles de EE. UU. Que son deportables según la ley de inmigración. Bajo Comunidades Seguras, las huellas digitales de cualquier persona que haya ingresado en una cárcel por cualquier razón se verifican en las bases de datos de inmigración y criminales. Esto le da a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la oportunidad de detener a cualquier persona que esté detenida en una cárcel si se descubre que esa persona ha violado una ley de inmigración.
Desde 2008 hasta 2014, el año en que se suspendió temporalmente el programa, Comunidades Seguras facilitó más de 450,000 deportaciones. Y, sin embargo, el estudio encontró que incluso en localidades con grandes poblaciones indocumentadas afectadas por las deportaciones, las tasas de criminalidad no disminuyeron.
Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que el 16 por ciento de los deportados no tenían ninguna condena penal. El once por ciento de los deportados tenía la Conducta Bajo la Influencia (DUI) como su delito más grave, el 8 por ciento tenía violaciones de inmigración (como entrada o reingreso ilegal), el 5 por ciento fueron condenados por un delito de tráfico y el 5 por ciento fueron condenado por posesión de marihuana.
En otras palabras, poco menos de la mitad de todos los deportados a través de Comunidades Seguras no tenían condena o solo una menor, lo que hace muy poco probable que la eliminación de estos inmigrantes de la población estadounidense tenga un impacto significativo en las tasas de criminalidad.
El estudio también encontró que Comunidades Seguras no hizo nada para mejorar la efectividad de los departamentos de policía en la resolución de delitos. Esto se mide por sus "tasas de aprobación", lo que significa el número de delitos "eliminados" cuando la policía realiza un arresto, en comparación con el número total de delitos denunciados.
Los hallazgos de este estudio son consistentes con un cuerpo de investigación mucho más amplio que ha demostrado repetidamente, a lo largo de varias décadas, que la inmigración no tiene ningún efecto sobre el crimen. Esto refleja el hecho de que la mayoría de los inmigrantes no tienen antecedentes penales.
Como resultado, la aplicación de la ley de inmigración no es una herramienta muy efectiva para combatir el crimen. Necesitamos un retorno a las prioridades de aplicación racional y un énfasis en mejorar la seguridad pública para todos en nuestras comunidades.