El gobierno de Donald Trump a través del fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr, dio la orden a los jueces de inmigración de suspender el pago de fianza a quienes sean detenidos en territorio estadounidense y lleven un proceso de solicitud de asilo por “temor creíble”. Es decir, estos solicitantes ya no podrán continuar el trámite en libertad sino que durante todo el proceso estarán privados de la libertad, hasta que un juez defina su situación.
Esta orden según el fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr no afecta a las personas que realizan el trámite de solicitud de asilo en los puertos de entrada fronterizo, tampoco a menores sin compañía de un adulto, ni a las familias que buscan asilo, ya que estas no pueden ser detenidas por más de 20 días.
Estas políticas migratorias buscan frenar la creciente llegada de inmigrantes en su mayoría provenientes de Centroamérica pues según estadísticas de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración durante el último año fiscal se interpusieron 161,000 solicitudes de asilo y 46,000 en el primer trimestre de 2019, muchos de ellos llevaron su proceso bajo fianza, de confirmarse esta orden serian muchos más los inmigrantes detenidos lo que con llevaría a seguir la crisis en los centros de detención.
Ahora se espera que abogados de inmigración interpongan los recursos de apelación pues estas políticas pueden afectar derechos constitucionales e ir en contra de las leyes migratorias, ya que por ejemplo hay acuerdos judiciales de que estipulan que si en seis meses un inmigrante no ha sido deportado, este pueda pedir una fianza. Adicional a esto el gobierno no cuenta con los centros de detención óptimos para seguir manteniendo migrantes, si hoy en día ya se habla de crisis humanitaria que se esperara con la entrada de esta nueva medida.