Las necesidades de los migrantes son urgentes, en especial el acceso a la salud, a la higiene y al agua.
A lo largo de la ruta, se ven expuestos a múltiples riesgos como la extorsión, la explotación laboral o sexual, los abusos y las amenazas físicas y psicológicas, así como a la presencia de grupos armados. Algunas personas han perdido el contacto con sus familiares, otras quedan separadas en el camino.
El Estado es responsable de atender las necesidades de los migrantes, de los colombianos retornados y de las comunidades receptoras.
La atención de esta población es particularmente necesaria en zonas afectadas por el conflicto o por la violencia armada.
En el terreno presenciamos la lucha de familias enteras, de personas solas, de personas con discapacidad e incluso de menores de edad sin compañía que emprenden largos y extenuantes caminos.
El hecho de que muchos migrantes no tengan documentos conlleva un aumento de su vulnerabilidad (especialmente si son menores de edad) y mayores dificultades para su protección y para el acceso a derechos y servicios básicos, como la educación o la salud.
Colombia está haciendo un importante esfuerzo, pero no es una tarea fácil debido a la magnitud y a la complejidad del fenómeno.
Por ello se requiere del apoyo de la comunidad internacional, así como de una estrecha cooperación entre todos los países receptores y entre las organizaciones con experiencia en esta problemática, a fin de asegurar una migración ordenada, segura y garante de la protección de los derechos de estas personas.