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Reforma Migratoria
Vive un Futuro
Incierto

Medidas Fundamentales
Seguridad

El proyecto de reforma migratoria vive un futuro incierto en el senado de Estados Unidos. Tanto las bancadas republicana como demócrata rechazan por distintos motivos partes fundamentales del proyecto. Una de las principales razones es las posibles consecuencias entre los votantes para las elecciones de 2008.

La realidad es que el presidente George W. Bush es el único que promueve abiertamente este proyecto de reforma y es lógico ya que no tiene nada que perder ya que la constitución americana le prohíbe una reelección por un periodo mas. Los legisladores de su partido, el Republicano, le han echado en cara su proceder  ya que para ellos “es inconcebible” que el mandatario patrocine tal iniciativa.

El representante republicano por Texas Lamar Smith explica “Lo más grave es que el presidente (Bush) no se da cuenta de que, al apoyar una medida que permite premiar con la residencia a los indocumentados que violaron las leyes de Estados Unidos, provoca que un sector importante de nuestro partido se sienta traicionado…”

De más de 300 páginas, el proyecto de reforma migratoria fue pactado el pasado 17 de mayo por la Casa Blanca y un grupo bipartidista formado por 17 senadores federales. Pero, según Smith, es tan complicado y electoralmente tan peligroso que su versión final en el Senado –prevista para el viernes 8– no dejará satisfechos ni a sus promotores ni a sus detractores.

“Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para corregir las imperfecciones de la iniciativa, sabiendo de antemano que tal vez no tengamos reciprocidad en la Cámara de Representantes”, sentenció el senador por el estado de Kentucky, Mitch McConnell, líder de la minoría republicana.

“Nos oponemos a la legislación porque es una amnistía para los 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados y punto”, reitera Smith, quien sin tapujos asegura que muchos de sus colegas en la Cámara de Representantes temen sobre su futuro político por el simple hecho de que Bush apoya la medida. Y es que, subraya, el presidente es implícitamente el líder moral de los republicanos.


Por eso, “es mejor desde ahora marcar nuestra distancia con las acciones políticas del presidente. Lo debería hacer toda la plataforma política del partido si queremos mantener la presidencia en las elecciones de 2008”, remata.


Medidas Fundamentales

El proyecto original contiene cuatro medidas fundamentales:

1.- Regularizar el estatus de residencia de los 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados –75% son mexicanos– que ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2007.

2.- Establecer un programa de empleo temporal anual para 200 mil trabajadores extranjeros. (Originalmente era para unos 600 mil trabajadores, pero una enmienda aprobada el pasado 23 de mayo eliminó de tajo 400 mil plazas).

3.- Fortalecer la vigilancia en la frontera con México para combatir al ingreso de inmigrantes indocumentados, criminales y terroristas. Ello implica utilizar tecnología, equipo y personal militar, aumentar a 28 mil el número de agentes de la Patrulla Fronteriza y construir cercos de acero dobles y triples, así como instalar barreras de concreto fijas y móviles.

4.- Aplicar multas y cárcel a los empleadores de inmigrantes indocumentados. Las multas variarían de 5 mil dólares a 75 mil dólares por cada empleado indocumentado, y las penas carcelarias oscilarían de 3 meses a 4 años. Este apartado incluye un programa de verificación nacional de empleo que comprende la emisión de una tarjeta de identificación a prueba de fraude.

En términos generales, estas medidas parecen llenar los huecos del problema migratorio de Estados Unidos. Pero los detalles –que son los que dividen a los legisladores– contienen mecanismos que dificultan la regularización de los indocumentados.

Un inmigrante que quiera regularizar su estatus migratorio debe adquirir una visa tipo Z. Esta tiene una vigencia de cuatro años y su renovación es por tiempo indefinido. Para adquirirla, el indocumentado debe hablar inglés, no tener antecedentes penales y pagar una multa por violar las leyes de inmigración, además de los costos de los trámites y los adeudos fiscales.

Así, un indocumentado sin familiares directos en Estados Unidos (esposa e hijos) debe desembolsar un mínimo de 3 mil dólares por la visa Z. Esto sin considerar sus adeudos fiscales, aunque algunos legisladores consideran que es preferible imponer una multa general de mil 500 dólares. Si el indocumentado vive en Estados Unidos con su esposa y sus hijos, deberá liquidar 500 dólares extra por cada uno de ellos. Cumplidos los cuatro años de vigencia de la visa Z, el indocumentado puede renovarla. Deberá desembolsar otros mil 500 dólares por concepto de “gastos de trámite”.

De acuerdo con el proyecto de reforma, todo inmigrante extranjero portador de la visa Z que quiera obtener el documento de residencia permanente tendrá que regresar a su país de origen para desde allí tramitarlo. Para el caso de una familia, la iniciativa permite que el jefe de ésta pueda salir de territorio estadunidense para realizar el trámite de su esposa e hijos.

“El costo del proceso de la residencia permanente es de 4 mil dólares por persona, sin contar los gastos del tramite”, anota la Casa Blanca en un documento que emitió para aclarar los “malos entendidos” del proyecto de ley.

Según expertos en materia migratoria, debido a la cantidad de inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos, el trámite para obtener la residencia permanente podría durar entre ocho y 13 años.

Aunque cualquier cálculo sobre los gastos que realizaría el total de los 11 o 12 millones de inmigrantes indocumentados es impreciso, tan sólo la adquisición de una visa tipo Z de cuatro años de duración le redituaría al gobierno estadunidense decenas de miles de millones de dólares, dinero que podría servir para cubrir parte de los casi 300 mil millones de dólares que Washington ha gastado en la invasión militar a Irak.


Respecto al programa de empleo temporal, Washington autorizaría 200 visas para trabajadores “huéspedes”. Cada extranjero que obtenga este tipo de documento tendrá derecho a renovarla en dos ocasiones más, siempre y cuando regrese a su país de origen al término de su primer período de dos años y permanezca en él durante 12 meses. Cuando el “trabajador huésped” cumpla seis años con su visa ya no tendrá derecho a renovarla.

El proyecto de reforma también precisa que el trabajador que tenga una visa de empleo temporal no tiene posibilidad de adquirir una de tipo Z, mucho menos la residencia permanente. Además tampoco tendrá derecho a los beneficios sociales, médicos y de jubilación de los que goza cualquier ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Este tipo de visa tampoco le da derecho a entrar y salir de territorio estadunidense cuando lo desee, aun si se ve obligado a ir a su país de origen. Violar esta condición anula de inmediato la visa.


Seguridad, lo primero

El proyecto de reforma establece que tanto las visas tipo Z como las de empleo temporal se emitirán cuando el Departamento de Seguridad Interior ponga en marcha el programa para fortalecer la vigilancia en la frontera con México. Es decir, hasta que la Patrulla Fronteriza cuente con 28 mil agentes que vigilen la zona limítrofe, que se termine la construcción de 595.45 kilómetros de cercos de acero triples y dobles, que se instalen 321.86 kilómetros de barreras de concreto fijas y móviles, que estén volando cuatro aviones a control remoto –como los que utilizó la CIA en Afganistán– con cámaras y sensores para detectar a inmigrantes indocumentados, y que estén funcionando otras innovaciones tecnológicas del Pentágono especializadas en espionaje y rastreo de personas y materiales radioactivos.

El proyecto de ley señala el 31 de diciembre de 2008 como fecha límite para aplicar estas medidas. Michael Chertoff, jefe del Departamento de Seguridad Interior, afirma que cumplirá con el plazo establecido. Pero Harry Reid, líder de la mayoría demócrata en el Senado, no confía en Chertoff. Anunció que sometería a consideración del pleno una enmienda para hacer más flexible el plazo, aunque no dio a conocer detalles.

El proyecto de reforma es más flexible con el plan de verificación nacional de empleo. La razón: no está claro si el gobierno tiene la capacidad para subsidiar en el corto plazo a los empleadores, quienes deben adquirir sistemas computarizados para verificar la autenticidad de la tarjeta de empleo y para comparar con una base de datos nacional el número de seguro social que cada extranjero debe presentar al solicitar trabajo. Los expertos calculan en varios cientos de millones de dólares los gastos para poner en marcha este programa.

Pero este proyecto de reforma migratoria está sujeto a enmiendas. Senadores de ambos partidos anunciaron que propondrán decenas de modificaciones, las cuales serán analizadas en las sesiones que reinician esta semana. Esto significa que el proyecto puede sufrir muchos cambios. Después de su eventual aprobación en el Senado, pasaría a la Cámara de Representantes, donde el ambiente es todavía más hostil.

En principio, el sector más conservador de los republicanos se opone a  cualquier medida que regularice el estatus de residencia de los inmigrantes indocumentados.
Recuerdan que la oposición a la reforma migratoria integral fue clave en el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas de noviembre de 2006. En esa ocasión, los republicanos perdieron más de 20 curules en la Cámara de Representantes. Esa situación propició que los demócratas recuperaran la representación mayoritaria y, por tanto, el control del Capitolio.

De hecho, decenas de legisladores republicanos de la Cámara de Representantes amenazan con no considerar el proyecto de ley una vez que lo apruebe el Senado.

Por su parte, Nancy Pelosi, líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, anunció que esta Cámara realizará el debate sobre la reforma migratoria en julio próximo. Pero advirtió que éste se llevará a cabo sólo si el presidente Bush le garantiza por lo menos 70 votos republicanos. De lo contrario, dijo, el proyecto que eventualmente apruebe el Senado se pospondría hasta después de los comicios de noviembre de 2008.


La sociedad estadunidense parece tener una posición ambivalente sobre la reforma migratoria, según muestran recientes encuestas sobre el tema. Una de ellas, la difundida por el Pew Hispanic Center –organismo dedicado a la investigación de tendencias socioculturales, demográficas y raciales– establece que el 70% de la población se opone a una reforma migratoria integral que tenga como punto central la regularización de indocumentados.

A su vez, un sondeo telefónico llevado a cabo del 18 al 23 de mayo por el diario The New York Times y la cadena de televisión CBS registró un cambio de actitud de la sociedad respecto al problema migratorio: 67% de los encuestados se pronunció a favor de regularizar el estatus de residencia de la comunidad indocumentada, el 66% estuvo de acuerdo con crear un programa de empleo temporal y 62% respaldó la idea de que los indocumentados que ingresaron a Estados Unidos en los últimos dos años tengan oportunidad de conseguir la residencia permanente.




Última actualización: Junio 2007.


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